“HAY QUE EXPROPIAR PAPEL PRENSA, BAJAR DE ALGUN MODO LAS ACCIONES Y LLEVAR A LOS SINDICATOS AGRESIVOS PARA QUE INTERVENGAN” (Guillermo Moreno, que es Kirchner)

“AHORA, HAY QUE APROPIARSE DE PAPEL PRENSA, PROVEEDORA DE LOS 170 DIARIOS DE LA ARGENTINA” (NCK)

Pronto leeremos pasquines de esta índole:

“La Gaceta de D´Elía”

“Semanario del Pikete”

“CARAS” (con pasamontaña)

“”El Argentino K”

“La Voz de Rudy (Ulloa Igor)”

“Veintitrés Kirchneristas”

“La Nueva Provincia de Pérsico”

“El nuevo Buchón K”

“ARGENTINA, PAIS BOLIVARIANO DE MAMARRACHOS”

ASI ESTAMOS…

El Gobierno de Cristina Kirchner respondió con el silencio a la revelación de que existe un plan oficialista para expropiar Papel Prensa, una empresa mixta cuyo principal accionista es el Grupo Clarín. El Gobierno tampoco se pronunció ante la denuncia penal por abuso de autoridad e intimidación hecha contra uno de sus principales funcionarios, el secretario de Comercio Guillermo Moreno, quien en medio de amenazas dio a conocer dicho plan en una reunión con representantes del Estado en Papel Prensa, y dijo actuar por “expresas instrucciones de la señora Presidente”.

Este episodio ocurrido en las oficinas de Moreno el 14 de setiembre fue narrado ante un escribano público por Carlos Collasso, representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa. Según relató Collasso, Moreno acusó a Papel Prensa de abastecer de papel a Clarín y a La Nación (también accionista), en perjuicio de los diarios chicos que debían importarlo a precio más alto. Habló de “intervenir” la empresa mediante un decreto de necesidad y urgencia, e incluso de “expropiarla”.

Finalmente, el secretario de Comercio instó a guardar silencio a la decena de directores y funcionarios presentes, y amenazó: “Afuera tengo a mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos al que hable”.

En busca de un comentario oficial o desautorización de Moreno, Clarín consultó al subsecretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, habitual portavoz de la Presidenta; pero no hubo contestación. Sergio Poggi, vocero del ministro de Economía Amado Boudou -superior directo de Moreno- dijo por su parte que no tenía “nada para decir”. La inquietud también fue transmitida a Fernando Coradazzi, vocero del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien tampoco proporcionó una respuesta de su jefe. Este diario intentó hablar también con el secretario Moreno, pero no hubo contestación a los llamados hechos a su despacho.

En la reunión del 14 de setiembre estuvieron entre otros funcionarios, dos directores puestos por el Estado en Papel Prensa, que extrañamente renunciaron a sus cargos poco después: Juan Drucker y Mauricio Mazzón, hijo éste último de Juan Carlos “El Chueco” Mazzón, un conocido operador presidencial con despacho en la Casa Rosada. Mazzón hijo había enojado a Moreno al intentar explicarle que sus informes estaban atrasados, y que Papel Prensa debía competir en el mercado con papel que llega importado a menor precio.

Ayer, Mazzón y Drucker difundieron un comunicado conjunto para “aclarar” que sus renuncias al directorio se debieron a haber “cumplido un ciclo” luego de tres años y medio, y que “de ninguna manera” sus salidas estuvieron relacionadas con “las versiones que son de conocimiento público”.

Aníbal Fernández tuvo ayer una reunión con industriales de la UIA, que le preguntaron por los presuntos planes oficiales respecto de Papel Prensa.

Según una versión surgida de ese encuentro, el jefe de Gabinete habría salido del paso con un “no hay nada de eso”, y tomado distancia de Moreno al afirmar “que cada funcionario se haga cargo de lo suyo”.

De acuerdo con lo declarado por Collasso, en aquel encuentro Moreno, agresivo, manifestó que a partir de ese momento Beatriz Paglieri (la ex “interventora” del INDEC, responsable de la inflación), también presente, era la “autoridad” en Papel Prensa.

“Con ley o sin ley, la que manda es Paglieri por expresas instrucciones de la señora Presidenta”, dijo entonces Moreno.

Expresó que su objetivo era que el Estado tuviera “un rol activo” en la empresa para lograr “un control efectivo sobre la disponibilidad del papel de diario”.

Después del episodio, y a través de sus abogados, el Grupo Clarín denunció que es “objeto de injerencias ilegítimas” por parte de funcionarios que, “además de constituir delito, vienen a poner en grave riesgo la garantía constitucional de la libertad de prensa”.

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http://www.clarin.com/diario/2009/10/09/elpais/p-02015337.htm


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