ARBA PODRÍA SOLICITAR APERTURA DE CAJAS DE SEGURIDAD DE SUCESIONES

La reforma impositiva del gobernador Daniel Scioli sigue despertando polémica. Un párrafo de ese proyecto aprobado la semana pasada le permite a ARBA intervenir en las tasaciones de las cajas de seguridad de los fallecidos para determinar si deben pagar el impuesto a la herencia, una tasa que históricamente ha levantado polémica. En una entrevista con La Política Online, el constitucionalista Gregorio Badeni, analiza la norma.

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Daniel Scioli sigue dando de qué hablar con la polémica reforma impositiva, a la que incluso tuvo que modificar apenas una semana después de verla sancionada en la Legislatura bonaerense.

Esta mañana el diario La Nación se detuvo, en una nota de Jorge Oviedo, en un punto en el que no había reparado siquiera la oposición, acostumbrada a seguir cada paso del gobernador. En la nota se hace referencia a la potestad que se le da en la reforma a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para intervenir en las tasaciones de las cajas de seguridad de los bancos, para determinar si los herederos deben pagar un impuesto.

Esa atribución de la Agencia forma parte del articulado de un gravamen que ha generado controversias a lo largo de la historia: el impuesto a la herencia. En el artículo 100 de la ley aprobada el pasado miércoles 23 de septiembre, se establece que el nuevo tributo se determinará por el estado, carácter y valor de los bienes y deudas a la fecha de producirse la transmisión a título gratuito, a partir de la fecha del fallecimiento del causante en el caso de las herencias.

Pero la polémica no reside en el mero cobro de un impuesto, puesto que como explicó el prestigioso constitucionalista Gregorio Badeni a La Política Online, las provincias tienen el poder para tributar la herencia, que no es un impuesto nacional.

Generalmente no lo hacen porque, según el abogado, “está probado” que los costos que debe sortear el Estado en la recaudación del impuesto a la herencia representan un gasto mayor a lo que se obtiene con la tasa. “Por eso el impuesto no se aplica hace más de 30 años en ningún lugar del país”, explicó Badeni.

La polémica

La controversia está dada por un inciso del artículo 101 de la ley, que establece que una de las formas para valuar los bienes en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires se determinará por tasación pericial de los depósitos en cajas de seguridad, “previo inventario de sus existencias, con intervención de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires”.

Esto hizo resurgir inevitablemente el recuerdo del año pasado, cuando se le intentó dar al anterior titular de ARBA, Santiago Montoya, facultades extraordinarias que le hubieran permitido abrir cajas de seguridad sin orden judicial previa para detectar casos de evasión.

Por lo poco preciso que es ese pequeño inciso puesto como al pasar en el artículo 101 de la reforma impositiva, La Política Online quiso saber de qué manera piensa Scioli penetrar las cajas.

Desde ARBA confirmaron a este medio que, como dice el artículo, un inspector de esa Agencia podrá con orden judicial participar junto a un perito y el o los herederos de la tasación de los bienes que contiene la caja de seguridad para determinar si entre los otros bienes del fallecido y los bienes tasados en la caja se supera el monto de 3 millones de pesos.

Eso está en relación al artículo 106 de la ley, que establece que cuando el valor en conjunto de la transmisión gratuita de bienes (el monto de la herencia) de dichos bienes supere los tres millones de pesos, quedará sujeto al nuevo gravamen.

La opinión de un jurista

Gregorio Badeni explicó a La Política Online que la única manera de acceder a las cajas es con una autorización judicial y sólo en el caso de que en una sucesión los herederos denuncien la existencia de la caja de seguridad.

Si los herederos denuncian la existencia y el Estado cuenta con el permiso de un juez, se pueden abrir las cajas de seguridad e incluso con la participación en el acto de un inspector de ARBA, señaló Badeni. Si nadie denuncia la existencia de una caja, no se puede abrir y luego de unos veinte años el banco se queda con lo que hay en ellas.

Cuando el juez imparte la orden de abrir la caja, quien lo hace es un oficial de justicia, es decir, un funcionario del Poder Judicial, con la presencia de los herederos y de sus abogados. “Aquí se quiere agregar la presencia de un funcionario del organismo recaudador, pero eso no tiene nada de grave”, afirmó Badeni a este medio, puesto que si este funcionario no está presente, el oficial de justicia declara de todos modos cuánto dinero hay en la caja y después de ello se le puede aplicar la tasa.

“No hay nada anticonstitucional ya que todo está supeditado a las órdenes del juez y los funcionarios de Arba serían simples observadores que ni siquiera pueden hacer la tasación”, subrayó el abogado.

La privacidad

Desde la oposición, por otro lado, cuestionaron que Scioli volviera a cargar contra las cajas de seguridad. El diputado del ARI, Walter Martello, que integra la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara Baja bonaerense, declaró a este medio que por recaudar, “Scioli se olvida de lo que determinó la justicia” en relación al rechazo que recibió Montoya cuando quiso abrir cajas de seguridad. Y por otro lado, el legislador señaló que de persistir esta iniciativa, el Estado deberá afrontar juicios de particulares por daños y perjuicios por invasión a la privacidad.

La Política Online le preguntó a Badeni si la participación de un inspector del Ejecutivo en la tasación de una caja no lesionaría en parte el derecho a la privacidad, establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El abogado explicó que el funcionario de ARBA no podría difundir lo que vio dentro de la caja sino que debería circunscribirse simplemente a un número, es decir, a la tasación de los bienes valuables y no a los bienes personales.

“Si al abrir la caja se encuentra un bien personal sin valor, pongamos por caso cartas o la liga de la primera novia del fallecido, eso se cierra en un sobre aparte y no se valúa; el funcionario no puede difundir que vio eso sino caería en el incumplimiento de deber de funcionario público”, explicó Badeni a este medio.

Por otra parte, el abogado opinó que la presencia de un funcionario de Arba en cada apertura de cajas de seguridad le “parece un exceso, porque van a trabajar más de lo que están trabajando, innecesariamente”.

“Si el que lleva el control en la apertura de la caja es el oficial nombrado por el juez, para qué lo va a hacer también un funcionario del Ejecutivo, es preferible que haga otras cosas más útiles”, concluyó Badeni.

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http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/60532/impuesto-a-la-herencia-polemica-por-la-clausula-que-habilita-a-ver-las-cajas-de-seguridad-.html

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