EL “MODELO”, ES SOLO DE PODER, NO DE PAIS: ¿Y la calidad institucional, Cristina? Aumentan las leyes sin reglamentar (durante el gobierno K)

De acuerdo a fuentes parlamentarias dignas de crédito, es muy importante el número de leyes no reglamentadas. Desde 1983 a la actualidad serían más de 50 las normas aprobadas por el Congreso pero que se encuentran a la espera que el Ejecutivo las reglamente. La mayoría de esas irregularidades se han cometido desde 2003, la doble presidencia Kirchner.

POR RICARDO MANGANO PARA Urgente24.com -1-

El senador de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik presentó un proyecto de ley para que cualquier ciudadano pueda accionar frente a la justicia para exigir la puesta en vigencia de las leyes que el Congreso aprueba, pero el Poder Ejecutivo no reglamenta.

“El Congreso aprueba y el Ejecutivo no las reglamenta. Las deja en un limbo y el ciudadano se ve afectado directamente. Por ejemplo, la ley de obesidad es la que fija derechos y no está implícito en la ley”, manifestó Cabanchik y añadió como prueba de sus palabras: “Durante 11 años la ley de prevención del alcoholismo es ley gracias a su impulso en el Senado. En marzo de este año 2009 recien fue reglamentada por  el Gobierno”.

Cabanchick sostuvo que “es una falta de compromiso de la dirigencia política y la poca exigencia de esa reglamentación de la sociedad, donde lamentablemente tiene un reflejo en una inacción civil sin compromisos con la importancia republicana de las reglas de juego institucional para la vida común de las personas. A veces no asociamos el imperio de los derechos y también la asunción de los deberes que las leyes proponen con el bienestar de nuestra vida en sociedad”.

Aunque la falta de reglamentación de las leyes data de hace 50 años y ha sido una práctica habitual de todos los gobiernos, la mayor parte de la no reglamentación de normas, se ha dado en durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

“Por eso digo que los Kirchner están afectando las instituciones directamente al no reglamentar las leyes votadas por este Congreso Nacional”, finalizó Cabanchick.

En el relevamiento se encuentran leyes de las más diversas. Desde la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) Ley 24.515, que aunque funciona, nunca se reglamentó, hasta la ley de lucha contra la brucelosis (Ley 24.696). Tampoco se llevó a la práctica una ley para prohibir la venta de armas de juguete o la de Gestión Integral de Residuos Industriales, sancionada en 2002 o la de Protección a refugiados políticos, de 2006.

Pero tal vez la más llamativa es una ley de 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi que declaró de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas y estableció que “en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendría la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida”. La ley nunca se reglamentó y eso permitió que en 1991 tiraran abajo el Teatro Odeón, en Corrientes y Esmeralda, donde actualmente funciona un estacionamiento.

En febrero de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Justicia Federal ordenó al Poder Ejecutivo, cesar en la omisión de reglamentar la Ley 14.800, también conocida como Ley de Teatro que declara de interés nacional la actividad teatral en todas su formas.

De esta manera, el fallo hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Fundación Poder Ciudadano, por la omisión en el cumplimiento de reglamentar la ley. La medida interpuesta por la ONG fue presentada en el caso del Teatro Odeón por considerar que “lesiona concretamente los derechos al ambiente de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a la prosperidad y bienestar de la sociedad, y al acceso a los beneficios de la cultura en cuanto a la participación, el desarrollo o en la difusión de la misma”.

Al mismo tiempo, la ONG solicitaba que “si el Poder Ejecutivo no reglamentaba la Ley del Teatro en el término de 10 días de dictada la medida, el juez asuma esta función reglamentaria”, sin embargo a esa parte de la demanda, la Justicia no hizo lugar.

El caso Odeón

El teatro Odeón estaba ubicado en la esquina de Corrientes y Esmeralda, y ahora funciona una playa de estacionamiento.

En 1959, la ley 14.800 declaró de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas, y estableció que “en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendría la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida”.

El Teatro Odeón fue declarado en 1985 edificio protegido “por su interés cultural y arquitectónico”. Sin embargo, a principios de la década del 90 durante la gestión de Carlos Grosso al frente de la Ciudad de Buenos Aires, se dejó sin efecto esa protección y se autorizó la demolición del teatro.

Más adelante, en 1997, por una resolución del Ministerio de Economía, a cargo de Roque Fernández, se interpretó que “la protección era una restricción al dominio” y por lo tanto, lo establecido por la Ley 14.800 quedaba sin efecto por la ley de Reforma del Estado.

Frente a esta situación el ciudadano Beltrán Gambier presentó un amparo contra el Estado pidiendo la nulidad de esa resolución y la acción tuvo sentencia favorable firme en 1998. Sin embargo dado que la ley no está reglamentada, no existía plazo para exigir a los propietarios el cumplimiento de su obligación, es decir, volver a construir un teatro en ese predio.

Por esta razón, el mismo Beltrán Gambier pidió formalmente en 1998 a la Secretaría de Cultura de la Nación, que se fijara un plazo para hacer efectiva la orden judicial.

A pesar de que en el año 2003, el decreto presidencial 1180/03 derogó la resolución ministerial declarándola nula, la ley 14.800 hasta el momento no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que dificulta su real cumplimiento.

Otro ejemplo es la ley 26.396 de trastornos alimentarios que se aprobó en Agosto de 2008 y nunca fue reglamentada.

“Se hicieron muchas marchas y abrazos, pero hoy si ellos van a su prepaga éstas no cubrirán la prestación porque la ley no está reglamentada. La población o es suficientemente activa en el reclamo por sus derechos. Vienen al Congreso, reclaman por la ley, pero después no siguen la cuestión”, explica Cabanchik, quien agrega: “Y el Gobierno se aprovecha de esto para incrementar su poder por sobre el Poder Legislativo.

En su proyecto el senador de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik,   propone crear una figura legal específica para que cualquier ciudadano pueda reclamar por la reglamentación de una ley. Además se crearía una página web de acceso público que permitirá que cualquiera pueda monitorear qué sucedió con las leyes una vez que se aprueban en el Congreso.

Algunas leyes sin reglamentar o con reglamentación parcial

-Ley de Trastornos Alimentarios (Ley 26.396);
-Ley Federal de Pesca (Ley 24.922);
-Ley de Propuestas Mínimas Ambientales: Eliminación del PCB (Ley 25.670);
-Creación del Sistema Federal de Viviendas (Ley 24.464);
-Regimenes de Porcentaje de Ocupación de Puestos Laborales en la Administración Pública por Parte de Personas Discapacitadas (Ley 25.689);
-Prohibición de Ventas de Replicas o Imitaciones de Armas en Jugueterías (Ley 24.703);
– Ley de Ética Pública (Ley 25.188) falta de reglamentación del artículo 28 (que propone conocer el destino de los regalos que reciben los presidentes);
-Plan Nacional de Alconafta (Ley 23.287);
-Programa Nacional de Empresariado Joven (Ley 25.872;
-Programa Deportivo Barrial (Ley 26.069);
-Ley de Protección a Refugiados Políticos (Ley 25.764); y
-Ley de Lucha contra la Brucelosis (Ley 24.696).

La reglamentación evitaría la permanencia constante de esa situación, que obviamente desvirtúa y pervierte la estructura republicana de la representación política del país que está consagrada en la Constitución Nacional en su articulo 1.

¿Pero qué es exactamente la reglamentación?

La Constitución argentina establece que para que un proyecto de ley entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso. Una vez sancionada la propuesta es enviada al Poder Ejecutivo, que tendrá 10 días para verificar la ley. Allí tiene tres caminos.

> Promulgarla,

> vetarla o

> hacer un veto parcial que elimine algunos de los artículos, sin afectar el espíritu de la ley. Si en 10 días no toma la decisión, la Constitución entiende que la ley queda puesta en funcionamiento.

Sin embargo, los gobiernos tienen una forma más de sortear la ley: evitando su reglamentación. El Congreso, a través de sus decisiones, explicita una filosofía, una serie de objetivos que el país debe seguir. Sin embargo, será el Poder Ejecutivo el que debe llevar adelante esa misión que el Parlamento le ordenó por ley.

¿De qué manera lo instrumentará? A través de la reglamentación, que es una decisión gubernamental. Pero si no la aplica, nadie puede reclamar nada.

Por si no quedó claro, vale un ejemplo. En 2004 se aprobó una ley que fomentaba al empresariado joven. Fue un arduo trabajo realizado por el entonces diputado Osvaldo Rial, que además era y es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

La idea era brindar beneficios fiscales, financieros y de asistencia técnica y de promoción a todos aquellos jóvenes menores de 25 años que decidieran crear un microemprendimiento.

La ley fue promulgada en febrero de 2004, pero hasta ahora no pudo aplicarse, aunque se incluyó en los presupuestos de 2007, 2008 y 2009. Como nunca se reglamentó, es probable que ese dinero se haya utilizado para otra cosa.

-1-

http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_news]=123583&cHash=9f42ec1165

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