Secretos de la causa que puede llevar a Kirchner a prisión

El juez Julián Ercolini aceptó abrir una investigación por asociación ilícita contra el ex presidente, que incluye a Julio de Vido, Ricardo Jaime, Rudy Ulloa, Carlos Zanini y los empresarios Cristóbal López y Lázaro baéz, entre otros destacados kirchneristas. Las 15 medidas de prueba ordenadas. Los antecedentes del juez y el fiscal que tienen en sus manos el destino de los Kirchner y qué dice la denuncia que presentó Elisa Carrió.

En la Argentina existe una prueba de fuego para comprobar la decadencia del poder: Esta se puede constatar cuando los habitualmente tímidos jueces y fiscales comienzan a animarse a investigar a funcionarios, que hasta hace poco beneficiaban dictándoles falta de mérito o algún otro atajo para cerrar –o dormir- las causas en su contra.

Contra lo que era práctica habitual en los últimos años, hoy la justicia hizo lo que hace años deberían haber hecho y se tomó en serio una denuncia por corrupción contra el dispositivo de poder que encabeza Néstor Kirchner. El fiscal federal Gerardo Pollicita aceptó la denuncia por asociación ilícita contra Kirchner que presentó Carrió y pidió al juez Julián Ercolini que habrá una investigación.

Lo novedoso fue que el juez se tomó apenas unas horas para conceder el pedido y de paso, ordenar unas primeras 15 medidas de prueba. Más novedoso resulta aún el accionar cuando una repasa el comportamiento reciente de estos funcionarios judiciales, sin arriesgar ningún tipo de conjetura.

Es que el juez federal Ercolini –nombrado durante la Presidencia de Néstor Kirchner-, ya tuvo en sus manos una investigación contra el ex presidente y su esposa Cristina, por supuesto enriquecimiento ilícito. Una causa en la que rápidamente Ercolini sobreseyó a los Kirchner, pese al notable crecimiento patrimonial de este matrimonio. Per clao, eran otras épocas, cuando los Kirchner gozaban de un poder que parecía eterno.

En tanto que el hombre destinado a impulsar la investigación es Gerardo Pollicita, un fiscal que en el 2005 interpretó que no había elementos para investigar penalmente el presunto uso de fondos públicos para la campaña electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, cuando la ahora Presidenta fue candidata a senadora.

Las primeras medidas del juez Ercollini

En su denuncia Carrió pidió que se investigue el accionar en perjuicio del Estado de una presunta asociación ilícita, encabezada por Néstor Kirchner y supuestamente integrada por el ministro de Infraestructura Julio De Vido; el secretario de Transporte Ricardo Jaime; el ex titular del Occovi, Claudio Uberti y el secretario Legal y Técnico Carlos Zanini; junto a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa.

Sin esperar que el pedido de impulsar la investigación terminara de acomodarse en su tribunal, el juez Ercollini firmó esta misma noche un escrito de una treintena de carillas al que accedió La Política Online, en el que dispone unas quince medidas de pruebas entre las cuales se incluye la citación como testigo del ex intendente de Córdoba, Luis Juez, para que explique -tal como lo hizo públicamente- si recibió presiones del empresario Cristóbal López para apoyar el negocio del juego en la capital mediterránea.

Según Juez, López insistió y propuso financiarle las “próximas diez campañas electorales” para dejar ingresar las tragamonedas en Córdoba y señaló que tras rechazar la propuesta, desde el gobierno nacional “no nos dieron más bola” y que la relación con Zanini “se deterioró al punto de ser inexistente”.

El juez Ercolini también pidió llamar a declarar al ex embajador de Venezuela Roger Capella, quien había sido retirado por Hugo Chávez de su puesto, en medio de versiones que indicaban que había sido Kirchner quien le había pedido ese retiro.

Es que Kirchner le reclamó a Chávez que su embajador “no se metiera más en la política interna” de la Argentina luego del apoyo del apoyo de la campaña pro-Irán del piquetero Luis D’Elía, y la promoción de actividades de dirigentes políticos y piqueteros de izquierda opositores al Gobierno.

El juez también dispuso que en la Inspección General de Justicia, y en los Registros de Comercio provinciales se obtenga toda la información sobre estatutos, balances y documentación de un grupo de sociedades que fueron mencionadas en la pesquisa.

Las empresas sospechadas

Entre esas empresas figuran sociedades Austral Construcción -propiedad de Lázaro Báez y habitual beneficiada de obra pública en Santa Cruz-, Casino Club de Cristóbal López, la constructora Contreras Hermanos –muy vinculada a Julio de Vido-, Electroingeniera una firma cordobesa cercana a Zanini que creció de manera increíble durante la gestión de Kirchner y adquirió gran cantidad de empresas que van desde la distribuidora eléctrica Transener hasta radio Del Plata.

También, Metrovias, Ferrovias, Trenes de Buenos Aires y la firma concesionaria del Ferrocarril Belgrano Norte. La denuncia pide que se investiguen los subsidios que les dio el secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien también cuestionan por los millonarios fondos girados a las inexistentes LAFSA y Southern Winds. Además, se pide investigar sobreprecios en la obra de ampliación de la red de alta tensión y en el contrato del tren bala.

Se pide también investigar posible lavado de dinero de empresas que participaron de contratos de obra publica: la mencionada Austral Construcciones más las firmas Kank y Costilla SA y Gotti SA.

La firma Gotti S.A. –una antigua contratista de Santa Cruz, que habría sido adquirida por Lázaro Báez- se apresuró a desmentir las acusaciones a través de una solicitada publicada en varios medios de Santa Cruz.

La denuncia pide que se investigue el vertiginoso crecimiento de Austral –esta firma sí es reconocida como propia por Lázaro Báez-, que inició sus actividades el 8 de abril de 2003 con un capital social de 12 mil pesos y ya en agosto de ese año habría sido favorecida con la concesión de dos áreas petroleras en Formosa. Luego, en febrero del 2007 consiguió otras tres concesiones, con tres mas en Santa Cruz, y en la actualidad posee una petrolera cuya producción diaria supera los 50 millones de metros cúbicos.

El juez también requirió datos al Principado de Liechtenstein, a raíz de la medida dictada por el juez de ese país Nicole Netzar que bloqueó preventivamente diez millones de dólares de una cuenta vinculada a la empresa Austral Construcciones S.A, propiedad del empresario santacruceño Lázaro Báez, en una causa abierta por supuesto lavado de dinero.

En la causa también se apunta a la petrolera Oil MyS de Cristóbal López, que se vio beneficiada por la misma increíble fortuna que se derramó sobre todos los empresarios allegados a Néstor Kirchner. La firma del zar del juego k, inició sus actividades hace solo siete años y empezó a crecer justo cuando Kirchner se afianzaba en la Presidencia.

Además, Ercolini requirió a la AFIP que envíe toda la información sobre denuncias penales tributarias o previsionales de los mencionados en la investigación, y un informe de la integración accionaria de unas 24 empresas que fueron mencionadas en la mega denuncia.

Y solicitó también que la Secretaria Legal y Técnica, a cargo de Zanini, remita una copia del decreto 1851/07, en donde se prorrogó la concesión de la operatoria de máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, cuando no, de Cristóbal López.

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http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/54146/secretos-de-la-causa-que-puede-llevar-a-kirchner-a-prision.html

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