¿Planes sociales a cambio de favores sexuales? Por lo menos así lo informa CIPPEC…

Sexo por planes sociales: Los punteros políticos exigen ‘favores’ (y los K no ponen control)

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Si los punteros piden hasta ‘favores personales’ a cambio del Plan Jefes y Jefas de Hogar, ¿qué ocurre con el Plan Familias, creado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 para reemplazar al primero, que hoy cuenta con casi la misma cantidad de beneficiarios, pero que nadie controla?

Tras la crisis de 2001, una desocupada con hijos menores se inscribe en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, para cobrar un subsidio de $150 mensuales. Con la amenaza de quitarle el beneficio, el puntero político encargado de certificar que ella cumple con la contraprestación laboral que exige el programa, le cobra $15 por mes y, en algunas ocasiones, la presiona para que asista a marchas o actos partidarios“.

Esta historia sería el modelo típico de los casos de clientelismo registrados en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el mayor programa de asistencia social de la Argentina, con 668.000 beneficiarios en la actualidad y más de 2 millones en sus primeros meses, en 2002.

Según el diario ‘La Nación’, un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) asegura que además de los pedidos de dinero y de las presiones para asistir a marchas o piquetes, los destinatarios del programa deben soportar que les exijan tareas en casas particulares, siempre bajo la amenaza de darles de baja el subsidio. A los hombres los usan como jardineros o albañiles. A las mujeres, que en algunos casos sufren acoso sexual, las utilizan como empleadas domésticas.

El informe es el primer estudio cualitativo y cuantitativo de la utilización política de los planes sociales, una especie de radiografía inédita del fenómeno.

Se hizo a partir del análisis de una muestra de 448 denuncias de las 4891 que tramitaron, entre 2002 y 2007, en la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises), que dirige Guillermo Marijuán. El 59% de esos sumarios llegó a la Justicia.

El primero y quizás más importante descubrimiento del estudio es que la mayor cantidad de casos de clientelismo, el 79,5 por ciento, se produce no durante las etapas de inscripción o pago, sino en la de la contraprestación laboral. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar, esta contraprestación consiste en el cumplimiento de actividades comunitarias, de capacitación o microproductivas, en jornadas de cuatro a seis horas por día. El control está a cargo de los organismos públicos o privados donde se realizan las actividades, en general, agrupaciones políticas o municipios.

“Cuanto más rutinarias, repetitivas y sostenidas en el tiempo son las acciones en cada etapa, mayores son los incentivos y las oportunidades para las prácticas clientelares”, concluye el informe, elaborado por Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola.

Con esa lógica, los autores relativizaron el impacto del pago electrónico en la transparencia del programa, dado que esa herramienta sólo evita el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.

Según el organismo, las prácticas clientelares más comunes consisten en el cobro de un porcentaje del subsidio, que abarca el 45,4% de los casos denunciados. En casi dos terceras partes de ese universo (63,2%), se exige entre el 10 y el 20% del plan, es decir, entre $15 y $30 al mes. Pero hay veces (3,4%) en que la extracción llega hasta los $75.

A esa irregularidad le siguen las amenazas, que alcanzan el 21,6% del total; la contraprestación irregular, con el 19,6%; el proceso de pago irregular, con el 8,3%; el uso político de los programas, con el 3%; el acoso sexual, con el 0,5, y otros, con 1,6.

Los autores aclararon que las amenazas operan en general como instrumentos para alcanzar otros fines, como el cobro de dinero o el cumplimiento de una contraprestación irregular. Dentro de esta última categoría, la práctica más denunciada, con el 69,4%, es la de exigir a los beneficiarios del programa que participen en marchas y piquetes.

En cuanto a los casos de acoso sexual, según los autores “se trata de un tipo de violencia de género que se caracteriza por presentar un importante subregistro de denuncias, ya que son pocas las víctimas que hacen la denuncia por temor a ser revictimizadas”.

Dos terceras partes de los acusados son punteros políticos barriales, que en el estudio de Cippec son mencionados como los coordinadores del plan que mantienen una relación directa y cotidiana con los beneficiarios por medio del control de los registros de asistencia a las actividades de contraprestación. En menor medida, también se denuncia a empleados municipales (9,9%) y a los bancos que hacen el pago (8,1%).

El estudio de Cippec consigna también que, pese a la situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran, los principales denunciantes de irregularidades, con el 71,4%, son los propios beneficiarios de los subsidios, en su mayoría, mujeres.

¿Pero qué ocurre con el Plan Familias, creado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2004 para reemplazar al primero y que hoy cuenta con casi la misma cantidad de beneficiarios?

A diferencia del plan Jefes de Hogar, que depende del Ministerio de Trabajo, el Plan Familias está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y no es controlado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises).

Ese organismo, creado a partir de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público, abrió, entre 2002 y 2007, 4891 investigaciones preliminares sobre irregularidades en el Jefes de Hogar y en el Programa de Empleo Comunitario (PEC), cuyo 59% llegó a la Justicia.

Pero nada se sabe acerca de anomalías en el Plan Familias. Los voceros de Desarrollo Social, ministerio que dirige Alicia Kirchner, hermana de Néstor y cuñada de Cristina, no responden a las consultas sobre la cantidad de investigaciones abiertas por irregularidades y el porcentaje de ellas que había derivado en causas judiciales

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http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews[tt_news]=117393&cHash=800f300bd5

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