“Vía de Hecho” masiva, es fraude laboral: lo anticipamos en este blog

escudo-ciudad-de-buenos-aires.jpg El golpe de efecto, mas allá del destino final de los 2300 empleados bajo empleo público en el GCABA, se terminó en 15 días.

Ya lo adelantamos en dos post, en este Blog (de fechas 6 y 15 de enero)

Aquí un análisis muy interesante del fallo de la Jueza Liberatori

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x http://www.lapoliticaoline.com.ar (1)

 

Exclusivo: El fallo que reincorporó a los cesanteados de Macri
La decisión de la jueza Liberatori cuestiona duramente al macrismo por imponer los despidos por la “vía de hecho” sin un necesario fundamento legal. Además cita jurisprudencia que otorga a los contratados la misma estabilidad que al empleado de planta hasta que el gobierno concrete los concursos que obliga la ley.

El fallo de la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad Elena Liberatori, que dispuso la reincorporación de los 2.300 contratados que cesanteó el macrismo es en rigor una medida cautelar o amparo que se concedió a los abogados de ATE Carlos Zamboni Siri y María Martha Terragno, que representaron a la asociación sindical.

 

En su reclamo ATE cuestiona al jefe de Gobierno Mauricio Macri por no haber contestado nunca un pedido de audiencia tramitado el 14 de diciembre para hablar de manera urgente sobre el futuro de aquellos contratados del gobierno porteño cuyo contrato vencía a fin de ese mes.

 

Luego de subrayar que la modalidad de “contratado” es en rigor un fraude a la ley laboral, los abogados de ATE afirman que el cese de los mismos dispuestos por el macrismo se configuró con “la arbitrariedad consistente en la inexistencia de notificación fehaciente, indeterminación e individualización de los trabajadores afectados, lo que constituye una grave violación del derecho de defensa, debido proceso, de la seguridad jurídica y el orden público laboral”.

 

Cuestionan también los abogados de ATE que la medida se haya tomado “por la vía de hecho, sin respaldo de ningún acto administrativo”, apelando a su simple comunicación por los medios a través de declaraciones, por ejemplo, del secretario General Marcos Peña. Cuestionan finalmente la discriminación que implica que el resto de los 20 mil contratados que tiene la Ciudad sean sometidos a un “censo” en el que puedan explicitar cual es su función, mientras que los 2.300 no gozan de esa posibilidad.

 

El fallo

 

La jueza Liberatori luego de una introducción de rigor en la que fundamenta la pertinencia de invocar la medida cautelar, se mete en el fondo de la cuestión. Centra su argumentación en considerar como lo hace ATE a la decisión de Macri como una “via de hecho”, práctica repudiada por la doctrina administrativista.

 

En ese sentido, le recuerda al jefe de Gobierno que decisiones de este tipo deben estar acompañadas de “elementos esenciales como la causa de hecho y de derecho, la expresión de los fundamentos y la intervención del servicio jurídico permanente que debe dictaminar cuando la decisión vaya a afectar derechos fundamentales”.

 

Ya que estos recaudos integran “el concepto de forma del acto administrativo que hacen posible luego la defensa del administrado afectado”, en suma “la concreción del derecho constitucional de defensa”, citando luego la jueza jurisprudencia en ese sentido de la Corte Suprema, así como citas de Hutchinson que afirman que “en derecho administrativo las formas cumplen una función de garantía”.

 

Es así que concluye que en este caso “ante la inexistencia de actos administrativos que cumplan con los requisitos de forma” se han afectado “los derechos de los trabajadores afectados por las vías de hecho demandadas”.

 

Objeta luego apoyando el segundo reclamo de ATE que no se otorgue a los 2.300 cesanteados la posibilidad de participar del censo anunciado. Más aún “cuando esta en juego su subsistencia económica”. Cita luego a Miguel Marienhoff que califica como “corruptela” la práctica estatal de englobar como “contratados” a lo que en rigor son empleados públicos, y al reconocerles su condición de “vulnerables”, afirma que el Derecho debería darles protección, apoyándose en el artículo 43 de la Constitución porteña y fallos del superior tribunal de la Ciudad que asimilan a los “contratados” con los empleados de planta, hasta que se efectivicen los concursos de dispone la ley.

 

Luego de remarcar que demorar una decisión afecta la situación “emocional y material” de personas que han dejado de percibir su salario, dispone entonces “el mantenimiento de la prestación de servicios del personal “contratado” con la asignación de idénticas tareas” que desarrollaba; así como el pago de las remuneraciones y que se les permita participar del anunciado censo del personal.

(1)

http://www.lapoliticaonline.com/detalle-de-noticia/article/exclusivo-el-fallo-que-reincorporo-a-los-cesanteados-de-macri/

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